La reforma de la Ley de Tráfico, ya en fase de tramitación, contempla establecer el uso obligatorio del casco de bicicleta en ciudad y permitirá subir a 130 kilómetros por hora la velocidad máxima de vehículos en algunos tramos de autovías y autopistas.
La propuesta también revisará el régimen sancionador. Así, tiene previsto duplicar las multas por conducir con tasas de alcohol y drogas superiores a lo permitido con importes que pueden llegar hasta los 1.000 euros.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha defendido esta reforma, ha señalado que el objetivo principal es reducir la siniestralidad. De paso, ha apuntado que servirá para lograr una movilidad «más ecológica, más competitiva, más saludable, más universal y más segura».
Por otra parte, se ha mostrado abierto a consensuar la edad a la que establecer el uso obligatorio del casco de bicicleta en vías urbanas. Su intención es que sea ineludible para los menores, que el texto fija en 18 años, pero no lo califica de cuestión esencial. Al respecto, alguna formación política ya ha hecho su propuesta.
De esta forma, CiU presentará una enmienda parcial para que sea 16 años esta edad máxima; IU rechaza la imposición de usarlo porque “desincentivará” el uso de este medio de transporte; el PSOE, al contrario, quiere que sean los 14 o 15 años, pero de edad mínima para exigir su uso; el PNV también presentará una enmienda, pero para que sean los ayuntamientos los que decidan; y UPyD cree que el texto sólo tiene un ánimo “recaudatorio” y pide mejores infraestructuras.
Por otra parte, la futura ley propone mantener el límite máximo de velocidad a 120 kilómetros por hora, pero incluye la posibilidad de aumentar hasta los 130 en determinados tramos de autovías y autopistas y en determinadas condiciones climatológicas y circunstancias.
Los cambios se harán efectivos cuando se incluyan en el nuevo Reglamento de Circulación, cosa que no sucederá previsiblemente hasta marzo. Sin embargo, el nuevo régimen sancionador sí entrará en vigor cuando se apruebe la norma a final de año.
Igualmente, los detectores de radar estarán prohibidos y serán multados con 200 euros y tres puntos del carné. Se regulan también los sistemas de retención infantil: a partir de ahora se basarán en un sistema de talla y no de edad, como hasta ahora.
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