La Dependencia es un problema de primer orden para la realización personal de un individuo y para su igualdad en la sociedad. Por ello, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes, el Estado ha habilitado un conjunto de servicios y prestaciones económicas que están destinados a la promoción de su autonomía personal, atención y protección. Esto se realiza a través de servicios públicos y privados concertados.

Pero, ¿qué es la Dependencia?

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de su web del Imserso sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) la define como el “estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

¿Y quién puede ser beneficiario de estas prestaciones?

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece con carácter general una serie de requisitos:

Hay que ser español.

De cualquier edad (hay peculiaridades para los menores de 3 años).

Tiene que encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados que se establecen.

Debe residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años. De éstos, dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud. En el caso de los menores de cinco años, este tiempo de residencia se exigirá a quien disponga de su guarda y custodia.

Los que no tiene la nacionalidad española, pero cumplen los requisitos anteriores, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el caso de los menores no españoles, según las Leyes del Menor que estén vigentes.

Igualmente, el Gobierno podrá establecer medidas de protección para los españoles no residentes en España.

Para terminar, el Gobierno establecerá las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles que hayan retornado.

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