“En ningún caso podrá exigirse al arrendatario”: la frase que cambia el alquiler
Desde el 8 de octubre de 2026 el propietario ya no puede exigir el seguro de impago al inquilino. Lo dice el nuevo artículo 36.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reformado por el Real Decreto-ley 29/2026, que la Diputación Permanente del Congreso convalidó el 12 de noviembre: “En ningún caso podrá exigirse al arrendatario la contratación de seguros de impago de renta u otras coberturas análogas”. El seguro sigue existiendo y sigue siendo legal. Lo que cambia es quién lo contrata y quién lo paga: el propietario, a su nombre y a su cargo. La regla vale para la vivienda habitual, para el alquiler temporal y, leída al pie de la letra, también para los locales.
El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor al día siguiente de publicarse. Su convalidación se publicó en el BOE el 13 de noviembre, así que ya no hay que esperar a ver si el Congreso lo tumba: la prohibición se queda.
Hasta ahora era corriente que el candidato a inquilino se encontrara con una condición más para firmar: pagar él la póliza que protege al casero de sus propios impagos. Algunas agencias la incluían en el paquete de entrada, junto a la fianza y la garantía adicional, y el inquilino que quería el piso la pagaba sin discutir.
Esa condición ya no se puede poner en un contrato nuevo. Y como el decreto toca a la vez la fianza, las garantías y los gastos que se pueden repercutir, conviene repasarlo entero antes de firmar el siguiente.
Vamos a explicar qué dice exactamente la norma, qué puede pedir todavía el propietario, qué pasa con los locales y con los contratos firmados antes del 8 de octubre, y cómo seguir protegido sin saltarse la ley.
Qué dice el artículo 36.5 sobre el seguro de impago al inquilino
El artículo 36 de la LAU regula la fianza y las garantías. Su apartado 5 ya permitía, desde la reforma de 2019, pactar una garantía adicional a la fianza en metálico, con un tope de dos mensualidades de renta en los contratos de vivienda de hasta cinco años, o de hasta siete si el arrendador es una empresa. El Real Decreto-ley 29/2026 mantiene ese tope, añade uno nuevo de una mensualidad para los arrendamientos temporales y mete en medio la frase que importa aquí: en ningún caso podrá exigirse al arrendatario que contrate un seguro de impago de renta “u otras coberturas análogas”.
La palabra que hace el trabajo es “exigirse”. El seguro de impago sigue siendo legal, el propietario puede contratarlo y la aseguradora puede estudiar la solvencia del inquilino antes de aceptarlo. Lo prohibido es convertirlo en condición para alquilar. Y el añadido de las coberturas análogas cierra la puerta a cambiarle el nombre al producto: un servicio que el inquilino paga a una empresa para que esta garantice la renta al casero se parece demasiado a lo prohibido como para usarlo de atajo.
El decreto entró en vigor el 8 de octubre de 2026. Como todo real decreto-ley, el Congreso tenía treinta días para convalidarlo o derogarlo. Lo votó su Diputación Permanente el 12 de noviembre, que el mismo día derogó el Real Decreto-ley 28/2026, otro texto de vivienda que no hay que confundir con este.
Quién paga ahora el seguro de impago
El propietario. El seguro protege su renta, así que lo contrata él como tomador y lo paga él. Para muchos caseros la cuenta cambia menos de lo que parece: la prima se mueve, orientativamente, entre el 3 % y el 5 % de la renta anual, es decir, entre 290 y 480 euros al año para un piso de 800 euros al mes, y es gasto deducible de los ingresos del alquiler en la declaración de la renta, igual que el seguro de hogar del inmueble. Pagar 400 euros que desgravan para no quedarse un año sin cobrar sigue saliendo a cuenta en casi cualquier alquiler del que dependan los ingresos de una familia.
La tentación es otra: contratarlo a nombre del propietario y cobrarle la prima al inquilino como un concepto más del recibo. El decreto no menciona la prima de forma expresa, pero cobrársela aparte es exigirle la cobertura por la puerta de atrás, que es justo lo que la frase “en ningún caso” quiere evitar.
Además, el artículo 20 de la LAU, también reformado, impide repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato “ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación”, y prohíbe imponerle los tributos de la vivienda, como el IBI. Nuestro consejo es claro: la prima va en la cuenta del propietario.
Otra cosa es la renta. Fuera de las zonas declaradas tensionadas, propietario e inquilino pactan libremente la renta inicial, y nada impide que el casero la fije teniendo en cuenta lo que le cuesta asegurarla, igual que tiene en cuenta la comunidad o la hipoteca. En una zona tensionada, en cambio, la renta del nuevo contrato está limitada por la del anterior, y tampoco se pueden añadir conceptos repercutidos que no estuvieran en el contrato previo.
Qué puede pedir el propietario y qué no
La prohibición del seguro llega acompañada de otras reglas sobre garantías y gastos. Ordenadas, quedan así para un alquiler de vivienda firmado desde el 8 de octubre de 2026:
| Lo que pide el propietario | ¿Puede? | Dónde lo dice |
|---|---|---|
| Fianza en metálico | Sí, obligatoria: una mensualidad en vivienda y dos en local | Art. 36.1 LAU |
| Garantía adicional (aval bancario, depósito) | Sí, hasta dos mensualidades en contratos de hasta 5 años (7 si el arrendador es empresa); una en alquiler temporal | Art. 36.5 LAU |
| Que el inquilino contrate y pague un seguro de impago | No | Art. 36.5 LAU |
| Cobrarle la prima del seguro que contrata el propietario | No es aconsejable: equivale a exigirle la cobertura por otra vía | Art. 36.5 y art. 20 LAU |
| Gastos de gestión de la inmobiliaria y de formalización del contrato | No, ni directa ni indirectamente | Art. 20.2 LAU |
| IBI y demás tributos de la vivienda | No, salvo que el inquilino sea el obligado tributario | Art. 20.1 LAU |
| Nóminas, contrato de trabajo o declaración de la renta para el estudio de solvencia | Sí, con el consentimiento del inquilino para tratar sus datos | No lo prohíbe la LAU |
| Que tenga un seguro de hogar con responsabilidad civil | Sí: cubre otro riesgo, sus muebles y los daños a terceros, y el inquilino elige la aseguradora | No lo prohíbe el art. 36.5 |
La última fila merece una explicación, porque es la duda que más va a aparecer. El seguro de hogar para inquilinos protege las cosas del inquilino y su responsabilidad civil si inunda al vecino o quema la cocina. No garantiza la renta, así que no encaja en las “coberturas análogas” al impago, y pedirlo en el contrato sigue siendo una cláusula razonable. Lo que el propietario no puede hacer es imponer una aseguradora concreta. El estudio de solvencia, por su parte, lo hace la aseguradora del propietario con los datos que aporte el inquilino: no le cuesta dinero y sigue siendo el mejor filtro que tiene el casero antes de entregar las llaves.
Locales, oficinas y alquiler temporal: también cuentan
Casi todo lo publicado estas semanas habla de vivienda, y se entiende, porque el decreto nace para el alquiler residencial. Pero el artículo 36 está en el título IV de la LAU, el de las disposiciones comunes, y el artículo 4.1 de la misma ley dice que los títulos I y IV se aplican de forma imperativa a todos los arrendamientos que regula.
Leída así, la prohibición alcanza también al alquiler de un local, una oficina o una nave: el propietario puede asegurar sus rentas, pero no exigir que el seguro lo contrate y lo pague la empresa o el autónomo que alquila. Los topes de la garantía adicional, en cambio, sólo se refieren a la vivienda.
Hasta que los tribunales se pronuncien, lo prudente es aplicar en los locales la misma regla que en los pisos. El seguro de impago para viviendas y locales funciona igual en los dos casos, con el estudio de solvencia hecho sobre las cuentas del negocio en vez de sobre una nómina. Para el alquiler temporal, que el decreto regula ahora dentro de la LAU, la prohibición del seguro es la misma y la garantía adicional se queda en una mensualidad.
Contratos firmados antes del 8 de octubre
El decreto no trae una disposición transitoria para este apartado, sólo para los contratos de temporada anteriores, que siguen con su régimen hasta que venza el plazo pactado. La regla general en los arrendamientos es que cada contrato se rige por la ley vigente cuando se firmó, así que un seguro de impago que el inquilino aceptó contratar en 2025 no se convierte en ilegal de la noche a la mañana, y la norma tampoco prevé devolver las primas ya pagadas.
Lo que sí cambia es el siguiente contrato, y también cualquier renovación o novación que se firme desde el 8 de octubre: ahí ya no cabe la exigencia.
Si eres propietario y tu protección depende hoy de una póliza que paga el inquilino, revísala con calma antes de la próxima renovación. Pasarla a tu nombre exige un estudio de solvencia nuevo, y ninguna aseguradora acepta un contrato que ya arrastra impagos. Mejor hacerlo con el inquilino al día que esperar a que deje de pagar.
El seguro de impago sigue siendo el mismo producto. Lo único que cambia es la firma del tomador.

Lo que tienen que cambiar las inmobiliarias y los administradores
Quien más trabajo tiene con esta reforma son las agencias. Los modelos de contrato y las fichas de requisitos que todavía pidan al candidato “contratar el seguro de alquiler” hay que retocarlos ya, y lo mismo con los anuncios y los correos de bienvenida que lo daban por hecho. Y como el artículo 20 prohíbe repercutir al inquilino cualquier servicio de preparación, formalización, gestión o renovación del contrato, la agencia tampoco puede cobrarle por tramitar el seguro.
Un servicio que no sea esencial para el contrato sólo puede cobrarse al inquilino si lo pide él por escrito, sabiendo antes que es opcional y lo que cuesta.
Nada de esto impide a la agencia seguir ofreciendo el seguro de impago a los propietarios que gestiona, que es donde tiene sentido. El circuito correcto es sencillo: el propietario es el tomador, la aseguradora estudia al candidato antes de la firma, el inquilino aporta su documentación y no paga nada por ello. Si la agencia trabaja con una correduría, le basta con mandarle la renta, la dirección y los datos del candidato. Nosotros comparamos las condiciones de varias aseguradoras y el propietario elige.
¿Alquilas un piso o un local y quieres seguir cobrando aunque falle el inquilino?
Con la renta, la dirección y los datos del inquilino hacemos el estudio de solvencia y te traemos el seguro de impago de varias aseguradoras, a tu nombre, como manda ahora la ley.
Si quieres repasar qué cubre la póliza, cuántos meses de renta conviene asegurar y en qué se diferencia de la de ocupación, lo tienes en nuestra guía del seguro de impago de alquiler para el propietario. Y si lo que te preocupa es un piso vacío entre dos inquilinos, el riesgo es otro y su póliza también: el seguro de ocupación ilegal.
Preguntas frecuentes
¿Puede el propietario seguir contratando un seguro de impago?
Sí. Lo prohibido es exigírselo al inquilino. El propietario puede asegurar sus rentas como tomador, pagar la prima y deducirla de los ingresos del alquiler en su declaración.
¿Me puede cobrar el casero su seguro de impago dentro del recibo?
No debería. Desde el 8 de octubre de 2026 no puede exigirte la cobertura, y cobrarte la prima aparte es exigírtela por otra vía. Tampoco puede repercutirte los gastos de gestión de la agencia ni el IBI.
¿La prohibición afecta a los locales comerciales?
Todo indica que sí. El artículo 36 de la LAU es una disposición común que la propia ley declara imperativa para todos los arrendamientos que regula, también los de uso distinto de vivienda. Lo prudente es no exigirlo tampoco en un local.
Firmé mi contrato antes del 8 de octubre y pago el seguro de impago. ¿Qué pasa?
El contrato sigue como se firmó y la norma no obliga a devolver primas pagadas. En la próxima renovación o en un contrato nuevo ya no se te podrá exigir.
¿Puede el propietario pedirme un seguro de hogar?
Sí. Un seguro de hogar con responsabilidad civil cubre tus cosas y los daños que causes a otros, no la renta, y la ley no lo prohíbe. Lo que no puede es obligarte a contratarlo con una aseguradora concreta.
¿Puede pedirme un aval bancario además de la fianza?
Sí, como garantía adicional: hasta dos mensualidades en contratos de vivienda de hasta cinco años, o siete si el casero es una empresa, y una mensualidad en el alquiler temporal.
Descubre más desde Sure Service: Correduría de seguros
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.